No solo se extraviaron en algún momento dado los agentes y delincuentes de la fallida operación Rápido y Furioso del Gobierno de los Estados Unidos, permitiendo el ingreso a México de una cantidad de armamento que se diga la cifra que sea, no se puede ahora tampoco confiar en ese dato.
También se extraviaron los funcionarios norteamericanos en sus aclaraciones, con imprecisiones y contradicciones evidentes.
Huele a corrupción, a confabulación. También huele a discriminación con alto contenido racista.
Porque mientras este arsenal causó la muerte de civiles inocentes, soldados y marinos mexicanos, no había el menor interés de las autoridades norteamericanas por darle celeridad al esclarecimiento de esta fallida operación. Tuvo que ser asesinado un ciudadano americano, un agente, también inocente, para que al final de la investigación hubiese quien reconociera que algo había salido mal en aquel lado de la frontera.
La venganza se antoja muy ad hoc. Que los grupos y carteles mexicanos del crimen organizado surtan sin temor ni barrera alguna el insaciable mercado norteamericano de drogas. Nuestras autoridades pudieran ser complacientes, en reciprocidad a la indolencia en el tema del armamento que ingresa del norte de nuestro país.
Sin embargo, no es la respuesta. Todo lo contrario, se acentuarían los problemas en este país.
Porque el problema del trasiego de estupefacientes al vecino país, es que al transitar casi obligadamente por estas tierras, finalmente algo queda y envenena a nuestros jóvenes; en la misma forma en que el acceso y uso indiscriminado de armas en los Estados Unidos hace estragos en sus jóvenes, no solo en los que están involucrados en algún tipo de banda criminal, sino en sus estudiantes, hijos de familia y gente de bien, que en muchos casos por irresponsabilidad de unos cuantos, sufren las consecuencias de una equivocada concepción de libertad que pareciera solo puede disfrutarse a cabalidad al amparo de una arma.
